Sánchez de vacaciones mientras Ceuta paga el caos del Gobierno
Más de 70.000 entradas irregulares, decenas de muertos, miles de personas todavía en la ciudad, un Gobierno que ni siquiera sabe con exactitud cuántas quedan y dos ministros ofreciendo versiones incompatibles sobre lo que sabía el CNI. Pedro Sánchez, mientras tanto, vuelve a hacer las maletas.
Hay imágenes que explican un Gobierno mucho mejor que cien ruedas de prensa. La de Pedro Sánchez retomando sus vacaciones rumbo a Andorra apenas después de regresar a Moncloa es una de ellas.
Ceuta todavía intenta digerir una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias. Los días 30 y 31 de julio entraron en territorio español más de 70.000 personas, según las cifras manejadas por el propio Gobierno. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero semanas después continúan miles de migrantes en la ciudad, siguen existiendo menores pendientes de filiación y el Ejecutivo reconoce que ni siquiera conoce con exactitud cuántos adultos permanecen allí.
Eso no es una anécdota migratoria. No es un problema administrativo más. Fue una entrada masiva e irregular a través de una frontera española que desbordó durante horas la capacidad del Estado. Se la puede llamar crisis migratoria en el lenguaje oficial. Políticamente, cuando decenas de miles de personas atraviesan de golpe una frontera sin autorización, resulta perfectamente comprensible que muchos ciudadanos hablen directamente de invasión.
Y mientras Ceuta afrontaba las consecuencias, Pedro Sánchez pasó buena parte de agosto en La Mareta, en Lanzarote.
Regresó a Madrid, presidió el Consejo de Seguridad Nacional, asistió al Consejo de Ministros y el Ejecutivo anunció finalmente un mando único para Ceuta. ¿Finalmente? Sí. Veinticinco días después de la entrada masiva. Casi un mes para que el Gobierno concluyera que una situación que había desbordado una frontera española necesitaba una coordinación extraordinaria entre once ministerios.
Hasta entonces nos habían explicado que había coordinación, que se estaba actuando, que la situación se había revertido y que el Gobierno estaba encima del problema.
Ahora resulta que Ceuta merece ser declarada situación de interés para la Seguridad Nacional y necesita un mando único.
Las dos fotografías políticas juntas son demoledoras.
O la situación estaba controlada y no hacía falta semejante dispositivo, o no lo estaba y el Gobierno ha tardado casi un mes en reaccionar con toda la maquinaria del Estado.
Robles dice una cosa y Marlaska la contraria
Pero todavía hay algo más grave: el Gobierno no consigue ponerse de acuerdo ni sobre qué sabía antes de que ocurriera la avalancha.
Margarita Robles ha defendido que los servicios de información y el CNI hicieron su trabajo y que la información fue compartida y analizada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fernando Grande-Marlaska sostiene otra cosa.
El ministro del Interior ha sido tajante: “No hubo ningún informe del CNI y, si lo hubiera habido, se habría actuado de otra manera”. La Delegación del Gobierno en Ceuta también ha defendido que no recibió ningún informe que permitiera anticipar lo ocurrido el 30 de julio.
No hace falta montar una comisión de filósofos para entender el problema.
Robles dice que el CNI manejó y compartió información. Marlaska sostiene que no hubo ningún informe que anticipara lo sucedido. La Delegación se alinea con Interior.
Las versiones son incompatibles.
Puede haber matices sobre si aquello era un “informe”, una “información”, un “aviso” o una comunicación verbal. Pero el Gobierno no puede esconderse eternamente detrás del diccionario.
La pregunta es mucho más sencilla: ¿sabía el Estado que se preparaba una entrada masiva o no lo sabía?
Y si lo sabía, ¿por qué no se tomaron las medidas necesarias?
Y si no lo sabía, ¿qué falló?
Alguien está equivocado, alguien está ocultando parte de la verdad o alguien está jugando con las palabras para evitar responsabilidades. Lo único imposible es que todas las versiones sean ciertas al mismo tiempo.
Hasta la propia Robles ha terminado pidiendo disculpas. Admitió ante el Congreso que si los ceutíes se han sentido “abandonados, angustiados, solos y tristes”, es porque “algo habremos hecho mal”.
Eso se parece bastante menos al éxito que durante semanas intentó vender el Gobierno.
Marlaska anunció normalidad demasiado pronto
El 2 de agosto, Grande-Marlaska aseguraba que el Ejecutivo había conseguido “revertir la situación en 24 horas” y que Ceuta estaba recuperando la normalidad.
Veintitrés días después, el mismo Gobierno reunía extraordinariamente al Consejo de Seguridad Nacional y declaraba Ceuta asunto de interés para la Seguridad Nacional.
Extraña forma de entender la palabra normalidad.
Si la situación estaba solucionada el 2 de agosto, ¿por qué fue necesario adoptar medidas extraordinarias casi cuatro semanas después?
Y si esas medidas eran necesarias, ¿por qué se tardó tanto?
Es ahí donde el relato oficial empieza a desmoronarse. No porque lo diga la oposición, sino porque las decisiones posteriores del propio Gobierno contradicen la imagen de normalidad que quiso transmitir al principio.
Y Sánchez vuelve a irse
Después de todo esto llega la escena final.
Según las informaciones publicadas este miércoles, Pedro Sánchez retoma sus vacaciones y viaja junto a Begoña Gómez a Andorra, donde tiene previsto alojarse en un establecimiento de cinco estrellas en Soldeu hasta el domingo 30 de agosto. El desplazamiento se produce apenas 48 horas después de su regreso a la actividad institucional y después de pasar buena parte del mes en Lanzarote.
Un presidente tiene derecho a descansar. Naturalmente.
Pero también existe algo llamado responsabilidad política.
Cuando una parte del territorio español acaba de sufrir una entrada irregular de más de 70.000 personas, cuando han muerto decenas de seres humanos, cuando todavía hay miles de migrantes pendientes de gestionar, cuando el Gobierno desconoce el número exacto de personas que siguen en Ceuta, cuando se acaba de declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional y cuando dos ministros se contradicen públicamente sobre qué sabía el CNI, quizá no sea el mejor momento para volver a colgar el cartel de vacaciones.
No es un problema de hoteles ni de si Sánchez duerme en una habitación de cinco estrellas o en una pensión.
Es un problema de prioridades.
Es la sensación de un presidente que aparece cuando resulta inevitable, preside un par de reuniones, coloca a otro ministro al frente del problema y vuelve a marcharse.
Ceuta se queda.
Los policías se quedan.
Los guardias civiles se quedan.
Los militares se quedan.
Los servicios públicos ceutíes se quedan.
Los vecinos se quedan.
Pedro Sánchez se va.
Y lo hace mientras su Gobierno todavía discute qué ocurrió, qué sabía, cuándo lo sabía y quién dijo la verdad.
Ahora Sánchez ha anunciado que pedirá comparecer ante el Congreso el próximo 9 de septiembre, 41 días después de los acontecimientos del 30 de julio.
Tendrá entonces una oportunidad magnífica para explicar muchas cosas.
Puede empezar por una muy sencilla:
¿Quién dice la verdad, Robles o Marlaska?
Después puede explicar por qué el Consejo de Seguridad Nacional tardó 25 días, por qué se habló tan pronto de normalidad, por qué todavía no se conoce con exactitud cuántas personas permanecen en Ceuta y por qué, con semejante crisis todavía abierta, el presidente considera que este es un buen momento para continuar sus vacaciones.
Porque gobernar no consiste únicamente en aparecer cuando las cámaras están encendidas.
Y Ceuta, después de lo ocurrido, merece bastante más que discursos, contradicciones y un presidente haciendo nuevamente las maletas.
