El Tribunal Supremo envía a Ábalos y Koldo a prisión provisional por el caso de las mascarillas

El Tribunal Supremo envía a Ábalos y Koldo a prisión provisional por el caso de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, en el marco del conocido como caso Koldo, sobre presuntas irregularidades en contratos de compra de mascarillas adjudicados durante la pandemia. La decisión la ha adoptado el magistrado Leopoldo Puente tras revisar las medidas cautelares y concluir que el riesgo de fuga ha aumentado de forma notable ante la proximidad del juicio.

El juez asume así la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, coordinadas bajo la dirección letrada del Partido Popular, que habían reclamado el ingreso en prisión de los dos investigados. Las partes acusadoras sostienen que, una vez dictado el auto que propone juzgarlos y formuladas peticiones de penas muy elevadas, las medidas vigentes hasta ahora, retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas, ya no garantizan que se presenten al juicio.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa global que se acerca a los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años de prisión para cada uno, incorporando también los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial.

En sus autos, Puente destaca la gravedad de las penas solicitadas y habla de un riesgo de fuga “extremo”, motivo por el cual descarta mantener únicamente las medidas cautelares anteriores. Según estas resoluciones, la combinación de indicios penales, volumen de dinero en juego y posible condena hace insuficiente cualquier otro mecanismo de control que no sea la prisión provisional.

La jornada ha comenzado con la llegada de Ábalos al Supremo hacia las nueve de la mañana, con una mochila de piel y sin hacer declaraciones a los medios. En la vistilla, su defensa ha insistido en que no hay riesgo de fuga, ha invocado su arraigo personal y político como diputado en el Congreso y ha advertido de que encarcelarlo preventivamente supondría, a su juicio, una vulneración del derecho de representación de sus electores. El propio Ábalos se ha dirigido al juez para asegurar que no piensa marcharse del país y ha recalcado que no tiene dinero ni adónde ir, según fuentes presentes en la sesión.

Koldo García ha comparecido a la hora señalada, acompañado de su abogada. La defensa ha puesto el acento en su arraigo familiar, citando a su madre de edad avanzada y a una hija menor, y ha cuestionado la competencia del Supremo para mantener la causa. Él mismo ha afirmado ante el magistrado que no se va a ir a ningún sitio y ha añadido que todo el mundo tiene derecho a aprender poco a poco, unas palabras que algunos asistentes interpretan como una admisión implícita de errores en el pasado.

Por otra parte, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha mostrado especialmente contundente en su intervención. Ha recalcado que fue precisamente la condición de miembro de un gobierno lo que habría permitido a Ábalos cometer los delitos que se le atribuyen y ha subrayado que ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal, recordando la imagen de la Justicia con los ojos vendados para simbolizar que todo el mundo es igual ante la ley.

El caso tiene su origen en varios contratos públicos, por un importe global que las diligencias sitúan en decenas de millones de euros, adjudicados al inicio de la crisis sanitaria a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de material de protección. La investigación apunta a un presunto sistema de comisiones ilícitas en el que habría desempeñado un papel clave el empresario Víctor de Aldama, que ha colaborado con la Justicia y para quien la Fiscalía pide 7 años de prisión.

La decisión del Supremo supone, además, un precedente institucional: es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio ingresará en prisión preventiva, lo que abre un nuevo escenario sobre su acta en el Congreso y el régimen de retribuciones mientras dure la situación de privación de libertad, un debate que ya se ha abierto públicamente y que tendrá que abordar la Mesa de la Cámara en coordinación con el alto tribunal.

Con los dos principales acusados del caso Koldo camino del centro penitenciario de Soto del Real, la causa entra en su fase final antes del juicio, previsto para los próximos meses, y vuelve a situar en primer plano el debate sobre la gestión de los fondos públicos en situación de emergencia sanitaria y los mecanismos de control frente a posibles tramas de corrupción.