Estados Unidos ejecuta una operación en Venezuela y Trump anuncia la detención de Maduro
Este sábado 3 de enero de 2026, de madrugada, se han registrado explosiones en Caracas y en otros puntos de Venezuela en el marco de una operación militar de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que la operación ha terminado con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y que ambos han sido trasladados fuera del país.
Según Trump, la acción tenía un objetivo concreto y no buscaba una escalada prolongada. También ha asegurado que las fuerzas armadas estaban preparadas para actuar de nuevo si era necesario, pero que no habría hecho falta porque la primera operación ya habría cumplido su propósito.
Desde Caracas, el Gobierno venezolano ha denunciado la intervención y ha anunciado medidas excepcionales. Diversas comunicaciones oficiales han situado incidentes, detonaciones o movimientos militares en Caracas y en zonas de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. En este contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha reclamado información sobre el paradero de Maduro y Flores y ha pedido una prueba de vida, mientras se ha activado un esquema de emergencia institucional ante el escenario abierto tras la operación.
Desde Caracas, el Gobierno venezolano ha denunciado la intervención y ha anunciado medidas excepcionales. Diversas comunicaciones oficiales han situado incidentes, detonaciones o movimientos militares en Caracas y en zonas de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. En este contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha reclamado información sobre el paradero de Maduro y Flores y ha pedido una prueba de vida, mientras se ha activado un esquema de emergencia institucional ante el escenario abierto tras la operación.
Washington ha vinculado el caso a un marco penal que desde hace tiempo utiliza contra figuras del poder venezolano, con referencias a acusaciones relacionadas con narcotráfico y narcoterrorismo. En paralelo, en Estados Unidos se ha abierto debate sobre el alcance legal de una operación de este tipo y sobre qué grado de cobertura institucional ha tenido antes de ejecutarse, un elemento que puede marcar la lectura política interna de los próximos días.
En el ámbito económico, una de las preguntas inmediatas es el impacto sobre el sector energético. Fuentes del sector han indicado que las principales instalaciones de PDVSA no habrían sufrido daños y que la producción y el refino se mantenían, aunque se han comunicado desperfectos graves en el puerto de La Guaira, que no es un puerto de exportación de crudo. El trasfondo es que el comercio marítimo venezolano ya venía sometido a presión, y cualquier alteración sostenida puede tener efectos rápidos en logística, seguros y salida de producto.
El eco internacional ha sido desigual, pero con un punto compartido: nadie quiere quedar atrapado en una espiral. Aliados occidentales han subrayado que no han participado en la operación y que conviene conocer los hechos con detalle antes de fijar posiciones definitivas. A la vez, en distintos entornos políticos se ha señalado que el objetivo declarado, sacar del tablero el núcleo de un régimen señalado por represión y por redes criminales, es un giro que algunos interpretan como una acción de corte quirúrgico y orientada a resultados.
En el mismo paquete de reacciones, también ha habido voces que, sin ocultar reservas jurídicas, han destacado el efecto disuasorio que puede tener una operación así sobre otros regímenes autoritarios y sobre actores que utilizan el Estado como escudo. En sentido contrario, gobiernos y actores internacionales han criticado la intervención por soberanía y derecho internacional, y Venezuela ha movido ficha para llevar el caso a la ONU, de modo que la batalla política ahora también se jugará en el terreno diplomático.
